Confirman pena de 20 años a cuidador que violó a niñas en un Hogar de Virasoro 

LOS POBLADORES DE VIRASORO SE MANIFESTARON LUEGO DE LOS CA­SOS EN EL HOGAR DE MENORES, CON CORTES EN LA RUTA NACIO­NAL 14 COMO DEMOSTRACIÓN DEL DESCON­TENTO OCASIO­NADO POR LOS ULTRAJES Y POR LA IMPUNIDAD CON LA QUE SE MANEJARON EN UN PRIMER MOMENTO LOS RESPONSABLES DEL LUGAR. 

El Superior Tribunal de Justicia confirmó condena de 20 años por abuso se­xual infantil al cuidador del Hogar de Menores de Vira­soro. El caso ocurrió en la misma institución depen­diente del Gobierno pro­vincial donde años después fue hallado muerto el niño Claudio Flores, hecho por el que la entonces directora fue imputada meses atrás por homicidio culposo en lo que fue la punta del ovillo de una pueblada en la ciu­dad de mayor crecimiento demográfico de la provincia y con la tasa de agresiones de este tipo a niñas y niños más elevada también. 

El caso ocurrió en un Hogar de Niños y Adoles­centes de la localidad de Virasoro y fue juzgado por el Tribunal Oral Penal de la V Circunscripción Judicial de Santo Tomé, Corrien­tes. Los hechos ocurrieron en 2017 cuando el hombre que se desempeñaba como cuidador en la institución fue acusado de abusar de tres niñas. El Superior Tri­bunal de Justicia confirmó la condena subrayando que la sentencia fue razonada y valorando la declaración original de las víctimas.

En la Sentencia 230, el Superior Tribunal de Jus­ticia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmó la con­dena de un hombre a 20 años de prisión por "abuso sexual doblemente agrava­do y abuso sexual con acce­so carnal doblemente agra­vado continuado", dictada por el Tribunal Oral Penal de la V Circunscripción Ju­dicial, Santo Tomé, Corrien­tes. El Tribunal confirmó la sentencia, argumentando que la condena estaba ba­sada en pruebas suficientes y bien valoradas. Fuentes judiciales informaron que en el recurso de casación, la defensa cuestionó la valo­ración de la prueba y señaló que el Tribunal dio mayor valor a testimonios en la fase de instrucción que a los testimonios obtenidos en el debate. Sostuvo a su vez que una de las víctimas se retractó durante el deba­te, lo cual, en su opinión, debía cambiar la califica­ción del delito.

En este sentido, en su condena el Tribunal resal­tó que, aunque el imputado tiene derecho a confrontar a los testigos, este derecho puede ser limitado para proteger a las víctimas, es­pecialmente en casos de abuso sexual infantil. Ade­más, el Tribunal enfatizó que la declaración del im­putado carecía de funda­mento probatorio suficien­te para desincriminarse de los cargos. El Tribunal tam­bién abordó la validez de las pruebas presentadas, espe­cialmente la declaración de las menores en la Sala de Entrevista Especializada, que fueron fundamentales para llegar a la condena.

El voto unánime de los supremos sostiene que "los testimonios de las víctimas, aunque no siempre puedan ser corroborados por prue­bas físicas, son suficientes para fundamentar la con­dena, siempre y cuando se los valore con un enfoque crítico y razonado".

"El hecho de que el impu­tado no estuviera presente durante la entrevista no fue considerado un menoscabo de su derecho a la defensa, ya que se garantizó la po­sibilidad de que la defensa visualizara la grabación antes del juicio", agregaron los ministros. En cuanto a la calificación del hecho, ratificó que se trataba de un delito continuado, dada la pluralidad de hechos cometidos bajo el mismo designio, y destacó la com­plejidad de casos de abuso sexual donde la precisión temporal y circunstancial de los delitos es difícil de establecer.

Finalmente desestima­ron las objeciones de la defensa, considerando que la sentencia estaba debi­damente fundamentada y que no se habían vulnerado los derechos del imputado. En la sentencia se subraya la dificultad probatoria en casos de abuso sexual in­fantil, donde a menudo no existen testigos directos ni evidencias físicas. En este sentido, la declaración de la víctima adquiere un valor central, siendo considerada una prueba fundamental, como ha señalado la Cor­te Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) y la Corte Interamericana en casos similares. Por ello el STJ re­conoce que, en situaciones como esta, la declaración de la víctima puede ser la única prueba disponible, por lo que su verosimilitud debe ser evaluada con espe­cial cuidado, especialmente cuando la víctima luego re­tracta su testimonio. s

El caso Flores 

El hecho ocurrió en 2017 pero permaneció solapado mucho tiempo hasta que el caso de Claudio Flores, el niño que apareció muerto en 2022 en el Hogar de Viraso­ro, destapó otros hechos de abuso y maltratos a quienes quedaban bajo la guarda de hombres y mujeres. En este caso, la directora de la institución Sonia Prystupczuk y Nelson Pintos, un colaborador, fueron imputados por homicidio culposo en febrero 2024. 

Escándalo que provocó cambio en el Copnaf

Luego de que el escándalo de los abusos sexuales de menores en Vi­rasoro alcanzara dimensiones in­controlables, el Gobierno provincial tomó como medida el cambio de la dirección a cargo de los Menores que estaba bajo supervisión del Minis­terio de Desarrollo Social y lo tras­ladó al Ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Juan José López Desimoni. 

El Decreto 1075/22 por medio del cual el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf) deja de existir y crea la Dirección de Pro­tección de la Niñez y Adolescencia que estará bajo la órbita y será fisca­lizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. "Los sucesos de Virasoro precipitaron la decisión, pero es una problemáti­ca que venimos viendo desde el año pasado", aseguró anoche el ministro López Desimoni durante una entre­vista radial. "El Copnaf atravesaba muchos ministerios pero no depen­día orgánicamente de ninguno, por eso sus decisiones quedaban muchas veces flotando en el aire. Ahora el Co­mité Interministerial estará integrado por los ministros para que se puedan ejecutar esas decisiones", se había dicho